Que la actual guerra contra el P2P está en fase de sexo, mentiras y cintas de video es más que evidente. Y que la industria se agarra a un clavo hirviendo, elevando al cielo las quejas y contradicciones más absurdas, también.La última idea de los formados abogados de la industria discográfica ha sido llevar a juicio a Pablo Soto, creador de Blubster, Piolet o Manolito, conocidos programas P2P.
No voy a entrar en juicios obvios sobre la necedad del asunto. Simplemente citaré dos situaciones semejantes en las que se confunde la tecnología (su creación o distribución) con su uso por parte de sus usuarios. Sea éste último legal o no, moralmente justificable o no.
Sony BMG, propiedad del emporio de mismo nombre, es uno de los principales instigadores en contra del P2P. En realidad, aunque no se reconozca (y esto es una opinión personal), las compañías no están en contra de esta tecnología de intercambio de archivos entre iguales, sino que desean controlar ese tráfico y sacar tajada indiscriminadamente. Al igual que la SGAE pretende cobrar indiscriminadamente a los bares por el simple hecho de tener una televisión en el local, aunque sólo se use para ver CNN+. O como en un reciente caso en Badajoz, la tenga para uso personal de su propietario, quien aludía que estaba muchas horas en su local y que la usaba para su entretenimiento e información personal.
En 1984 la industria cinematográfica de Hollywood perdió una demanda contra Sony en el Tribunal Supremo de EEUU ante el lanzamiento de ésta última al mercado del sistema de grabación de vídeo Betamax. La demanda fue interpuesta exactamente por los mismos motivos (¡extrapolando!) que hoy Promusicae (la asociación española de productores, al igual que la SGAE es la asociación de autores) demanda a Pablo Soto. ¿Curioso verdad?
Como curioso fue el juicio contra ThePirateBay.com, a este lado del Atlántico, en Europa, donde un juez sueco dictaminó la culpabilidad de los creadores de este sitio web cuyo supuesto delito era compartir enlaces torrents. Lo curioso del asunto es que después de la sentencia se desmotró que el juez en cuestión tenía intereses directos en la industria. En concreto Europa Press cita que el juez Tomas Norstrom, que instruyó el caso contra The Pirate Bay, es miembro de la Swedish Copyright Association y de la Swedish Association for the Protection of Industrial Property. ¿Hacen falta más palabras?
¿Cabe esperar una justicia basada en el sentido común? ¿O es de esperar una justicia que sustenta en una mano la presión mediática y en la otra los lobbys de la industria discográfica, Promusicae entre ellos?
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