La innovación en política: del convencer al hacer

No hablo aquí de las políticas de innovación sino de la innovación en la propia política. Y no lo escribo como experto y ni mucho menos con la pretensión de tener las claves de lo que será mejor para el futuro de mi ciudadanía, del mundo. Es absurdo pretenderlo. Lo que narro lo hago como ciudadano, intentando utilizar el sentido común.

Resulta a la vez sorprendente (y un tanto lamentable) ver a políticos ya maduros, hechos en la clandestinidad de los últimos años del franquismo y madurados en la transición, hablar de innovación en política utilizando los mismos métodos, anclados en las mismas maneras y formas que antaño fueron tan necesarias. Hasta la década de los noventa del pasado siglo XX o incluso los primeros años del XXI era necesario convencer. La política del convencer era (y sigue siendo) la herramienta básica de un trabajador de las palabras. Por activa o por pasiva, construyendo en positivo o lo que ha venido siendo más habitual (y lamentable) en negativo (claro ejemplo, la actual línea de acción del Partido Popular).

Largos discursos insustanciales que giran como norias aburridas sobre un mismo concepto sin aportar decisión ni acción allí donde es necesario. Aspirantes a líderes, a ocupar un sillón, si no en alguno de los partidos tradicionales ya fundados, en alguno nuevo que se pueda crear para la ocasión. Son como trompos lanzados a la calle cuya única función es girar sobre sí mismos, ciegos a las necesidades de la ciudadanía que en teoría representan.

A algunos de estos estudiosos, cargados de teorías llenas de metáforas escritas por algún guionista o copiadas de algún libro, no se les caen los anillos al hablar de innovación en política utilizando las mismas viejas estrategias, la del convencer en negativo, la del desprestigio y la acusación falsa o el puro despropósito, sin ningún reconocimiento de error cuando por fin se demuestra lo desacertado de sus afirmaciones.

La innovación en política, pues, no puede defenderse desde posturas tradicionales, desde discursos ya manidos basados en el ataque y derribo del contrincante. Estos monólogos están desfasados y aunque intentemos disfrazarlos de nuevos sólo consiguen perpetuar lo tradicional. Tampoco se innova en política creando un nuevo partido, máxime cuando sabemos que finalmente las estructuras que se armaran, sus estatutos y reglamentos, su democracia interna, pero sobre todo su actuación en el terreno de lucha por la representatividad electoral, acabarán imitando casi por necesidad a los ya existentes.

Reconociendo que no tengo las claves para la innovación en un aspecto tan importante y vital en la sociedad como lo es la política y que lo plasmado aquí es la voz de un ciudadano, uno de esos a los que los innovadores pretenden, al menos de gesto, escuchar, si tengo al menos mis propias propuestas.

Uno de los cambios fundamentales en la política es emigrar de la citada tradición del convencer hacia una política del hacer. Hoy día, en el Primer Mundo democrático, padecemos de un excesivo nivel de representación. Parlamentarios europeos, nacionales y autonómicos por no hablar del ejército de concejales que viven a costa de los erarios públicos, se suplen unos a los otros en las mismas funciones y objetivos, peleándose entre ellos por las ya reconocidas transferencias. Innovar pasa, por lo tanto, por mejorar la representatividad electoral hacia un modelo más justo y equitativo donde no ocurra que una de las fuerzas más votadas del país se encuentre con que tiene un sillón parlamentario (caso de IU) o bien que la fuerza más votada de una región no tiene el mayor número de parlamentarios electos (PSOE en Canarias), al mismo tiempo que se disminuye el número de representantes, redundando en una mayor efectividad en el gasto presupuestario.

Otro de los cambios necesarios en esta nueva política del hacer es separar lo que es ideología de lo que es gestión pública. A los ojos de los ciudadanos suelen pasar desapercibidos los miles de cargos por libre designación nombrados a dedo por los políticos elegidos en las urnas, desde directores, subdirectores, secretarios generales, secretarios técnicos y diversos subsecretarios, jefes de servicio, de sección o de negociado, viceconcejeros hasta gerentes de entidades públicas o presidentes de instituciones a mansalva. ¿Quién controla a toda esta prole de personas, ejecutores en última instancia de los presupuestos?

La gestión pública debiera de profesionalizarse y estar sometidas a criterios de exigencia de resultados iguales (o superiores) que en la empresa privada. El gerente de una fundación, el director general de un consorcio, el presidente de una sociedad de fomento deberían de estar sometidos a perfiles profesionales, cuyo acceso a ese puesto fuera dado por un concurso competitivo de méritos donde se asegurase que los ciudadanos pudiéramos disponer de los mejores allí donde los necesitamos.

En definitiva, para asfaltar la carretera que va hasta el pueblo no necesito pagar el sueldo de un parlamentario nacional y otro autonómico, al concejal del ayuntamiento y al gerente de la empresa pública encargado del mantenimiento de carreteras y vías públicas. Me basta uno sólo, que disponga del presupuesto necesario y que trabaje por los objetivos para los que ha sido contratado. Después de todo, yo, ciudadano, soy su jefe. Yo, ciudadano, soy el socio capitalista mayoritario de la empresa que gestiona el político, por lo tanto los réditos, el respeto y a quien se debe de rendir cuentas es a mí, no al revés.

Otro aspecto clave en la innovación en política es el acceso a los órganos decisión de aquellos ciudadanos implicados directamente en las normas dirimidas por los citados instrumentos de gobierno a través de mecanismos sencillos que hoy pueden estar sustentados en las ya no tan nuevas tecnologías de la información y la comunicación (esas que los políticos tradicionales citan y llaman TICs aunque realmente no entienden). Sin embargo, innovar NO es utilizar esas mismas TICs para que un grupo de privilegiados, aquellos que creen estar en posesión de una verdad determinada, prevalezcan sobre el resto de los ciudadanos, sobre aquellos que por falta de formación no pueden o no saben hacer uso de esas mismas herramientas. Es muy fácil que hoy, un grupo de tecnólogos bien formados y preparados generen un foro de discusión y valoración sobre innovación en el que, directamente, quedan excluidos todos aquellos que no son usuarios de la herramienta en cuestión.

En resumen, creo que la política democrática daría un paso de gigantes si consiguiera mejorar la representatividad electoral al tiempo que disminuye el exceso en el número de representantes; evoluciona en sus modos de una política basada en el convencer a una política basada en el hacer; aprende a separar eficazmente la lucha ideológica de la gestión pública, profesionalizando ésta última; y, por último, facilita el acceso de los ciudadanos a los órganos de representación y toma de decisiones, sobre todo y especialmente a aquellos que estén directamente implicados y afectados por las normas dictadas.

¿Serán estos retos alcanzables? ¿Como sociedad, estaremos capacitados para alcanzar la madurez necesaria para buscar estos objetivos?

(Imagen superior encontrada en el blog Pateando el Mundo, en su artículo Innovación, una actitud para el cambio.)